El TC cree que ejecutar hipotecas no vulnera derechos El Constitucional rechaza en un auto que estos procesos ataquen el derecho a una vivienda digna
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El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras quedarse con un inmueble tras el impago de la hipoteca, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y, por tanto, no son inconstitucionales.
En un auto publicado hoy, el Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell, que consideró que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible "carácter abusivo" de las hipotecas.
Los magistrados consideran "notoriamente infundada" esa cuestión porque la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias ya ha sido respaldada por varias sentencias (la primera de 1981) que consideran que las limitaciones que tienen los afectados para paralizar el proceso no son inconstitucionales.
El máximo garante de la Constitución explicó en la sentencia de diciembre de 1981 que los afectados no quedaban "indefensos" porque podían suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez dictamina sobre los hechos controvertidos planteados por las partes.
"Porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados en otra sentencia de junio de 1993 que también citan en el auto publicado hoy.
El Tribunal Constitucional aprovecha para criticar que la cuestión de inconstitucionalidad no puede servir para cuestionar "de modo genérico o abstracto" el actual modelo de ejecución hipotecaria, cuyo diseño es "de la exclusiva competencia" del Gobierno en su calidad de legislador.
La Fiscalía también pidió que se rechazara la petición del juzgado de Sabadell argumentando, entre otros motivos, que "el marco procesal en que se han de debatir los intereses de los litigantes es competencia del legislador, sin que tal regulación pueda ser discutida so pretexto de su inconstitucionalidad".
El auto del Constitucional incluye un voto particular del magistrado Eugeni Gay, que critica que la resolución no aborda elementos de "trascendencia social y constitucional" como son las "especiales" circunstancias de la situación económica y financiera actual, muy diferente a la de los años ochenta, cuando se fijó la doctrina inicial.
Por ello, sostiene que no le parece "suficiente para desechar como infundada" la cuestión de inconstitucionalidad la remisión a las sentencias existentes, ya que "sería necesario examinar si los preceptos cuestionados a la luz del nuevo contexto económico y social son compatibles o no" con los derechos recogidos en la Constitución.
Gay recuerda que las normas no pueden establecerse "de espaldas a la realidad social" y subraya que la "ingeniería financiera" actual es más compleja y prácticamente imposible de someter a un control.
En la cuestión de inconstitucionalidad, el juez Guillem Soler criticó que las ejecuciones hipotecarias no permitían un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder de modo automático a la subasta del inmueble.
"No parece razonable ni admisible, desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el marco de una ejecución hipotecaria que afecta a un bien de primera necesidad como es la vivienda, el propio sistema legal impida, de modo absoluto y sin ninguna alternativa interpretativa por parte del tribunal, que se introduzca en el proceso de ejecución un mínimo examen de estas circunstancias", resumió el juez.
Las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis al pasar de 25.943 en 2007 al récord de 93.622 en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial.
